Transcribo íntegra una nota de prensa de Hispalinux:

La Comisión de Administración Pública del Senado recorta los derechos digitales de los ciudadanos

Nota conjunta subscita por:
Hispalinux, FFII, RITSI, A Internautas, ATI, Linux.es, Legalventure, Iglues,
ESLIC, AGNIX, LiMa, LiCor, Informáticos Penitenciarios, Fundación Ciencias de
la Documentación, EstándaresAbiertos.org

El pasado día 31 de mayo la Comisión de Administración Pública del Senado votó
la enmienda de la Ley de Acceso Electrónica de los Ciudadanos a las
Administraciones Públicas (LAECAP). Entre las enmiendas propuestas se
encontraban algunas presentadas por los grupos Mixto, integrado por IU y BNG,
y Entesa Catalana del Progrés (PSC, ERC, ICV) que eran apoyadas por las
principales organizaciones sociales dedicadas a la fomentar la creación, uso y
difusión de las nuevas tecnologías. En contra de los principios defendidos por
estas organizaciones se posicionaron principalmente PP y PNV.

Así, las referidas enmiendas aseguraban tres derechos básicos de los ciudadanos:

El primero y más importante es, en consonancia con el Artículo 14 de la
Constitución, el derecho no ser discriminado por razón del tipo de hardware y
software que cada ciudadano decida usar para comunicarse con las
administraciones públicas. Para ello se establecía que las administraciones
públicas deben siempre usar los llamados legalmente “estándares abiertos”
(públicos) a la hora de comunicarse con la ciudadanía. Esto es, aquellos
estándares públicamente conocidos que están libres de cualquier restricción
legal o atadura tecnológica, de forma que cualquier empresa o ciudadano puede
libremente usarlos. Desgraciadamente, la mayoría de la Comisión formada por PP
y PNV, lejos de aceptar esta línea de trabajo garantista, adoptó justo la
contraria, la que restringe o anula los derechos de la ciudadanía. Más
concretamente, la enmienda 19 al artículo 4, aprobada por dicha Comisión,
viola este derecho. También lo viola la eliminación de la definición de
“estándar abierto” producto de la enmienda 21.

Es absolutamente inaceptable e inconcebible en un país democrático que para
que un ciudadano pueda ejercer derechos y obligaciones sea obligado por su
administración a ser cliente de empresa alguna concreta. Recíprocamente,
tampoco es aceptable ni económicamente justificable que una Administración
Pública esté obligada a adquirir una marca concreta para atender a los
ciudadanos. Para cumplir ambas condiciones con neutralidad se necesitan
formatos y protocolos que así lo permitan, y esos sólo son los denominados
estándares abiertos.
Así, de no aprobarse la enmienda nº 6 el Estado quedará en situación de
cliente cautivo de una multinacional concreta con el consiguiente sobrecoste y
derroche del erario.

La segunda gran demanda de derechos tiene que ver con el software, y en
general el conocimiento, que se produce para satisfacer las necesidades de
nuestras entidades públicas y que es pagado con los impuestos de los
contribuyentes.

La propuesta de enmienda que daba esta garantía establecía que todas las
Administraciones Públicas compartieran el software del que son propietarias
con una licencia que permitiese a cualquier otra entidad pública, ciudadano o
empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y
redistribución con o sin cambios, siempre que las obras derivadas mantuviesen
esa misma licencia.

El software es la infraestructura que más impacto tiene hoy día en la economía
y es necesario ponerla a plena disposición de todos ya que, además, todos la
pagamos. Sin embargo la Comisión ha decidido en contra de este derecho
también, al rechazar la enmienda 12 que así lo garantiza.

El tercer derecho que se reclama es que cualquier ciudadano debería poder
auditar el código fuente, esto es, cómo funcionan internamente los programas
que ejecutan sus trámites administrativos. Desgraciadamente también a caído
ese derecho fruto del pacto PP+PNV. Esa era la función que cumplía la enmienda
nº2 también rechazada.

Pero los ciudadanos tenemos derecho a saber que se hace exactamente con
nuestros propios datos. ¿Cual es el procedimiento que se sigue? ¿A dónde van?
¿De dónde vienen? ¿Quién los ve? ¿Para qué son usados?… Tenemos derecho a
auditar de que no se hage nada que no esté previsto en las leyes, que no se
manipulen inadecuadamente, aunque sea de forma inadvertida. Tenemos derecho a
esa garantía y se satisface suficientemente con la mera promesa acerca de que
algún organismo lo controlará tal y como ha decidido la mayoría en la Comisión.

Así, la mayoría formada por PP y PNV en la Comisión de Administración Pública,
en representación del resto de sus compañeros de grupo, ha decidido que no,
que los ciudadanos no tenemos esos derechos.

Pero las asociaciones más representativas de mundo digital español exigimos
que, en el Pleno del Senado del día 7 de junio, cada senador vote por
reconocernos esos derechos por ley. Y esto lo exigimos por la simple y
afortunado peso de poder o no votarlos mediante listas abiertas en muy pocos
meses.

Igualmente, esperamos también que los diputados del Congreso tomen buena nota
de lo que pedimos los ciudadanos a través de sus colectivos más
representativos y dinámicos en materias digitales, lleven a cabo la
ratificación de esos derechos cuando les llegue de vuelta esta propuesta de
ley. Será sin duda la mejor forma de estimular la participación y valoración
de nuestros representates y partidos políticos.

«Copyleft 2007 GDFL Hispalinux. Verbatim copying, translation and
distribution of this entire article is permitted in any digital medium,
provided this notice is preserved».

Firmantes:

* Jorge Fuertes, presidente, en nombre de “Asociación Española de Usuarios
de Software Libre” (Hispalinux), Madrid, +8.000 miembros, ámbito estatal
* Pieter Hintjens, presidente, y Alberto Barrionuevo, vicepresidente, en
nombre de “Förderverein für eine Freie Informationnelle Infrastruktur eV”
(FFII), Munich, +100.000 “supporters”, +2.000 “active members” y +3.000
“corporative members”, ámbito internacional
* Asier Martínez Hernán, presidente, en nombre de “Asociación Nacional de
Estudiantes de
Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informática” (RITSI), Sevilla,
+100.000 miembros, ámbito
estatal y profesional (informática).
* Julian Coccia, presidente, en nombre de “Asociación Linux Español”
(linux.es), Salamanca, 12.985 suscriptores, ámbito iberoamericano
* Fernando Piera, vicepresidente, en nombre de “Asociación de Técnicos en
Informática” (ATI), Barcelona, +3.600 miembros, ámbito estatal y profesional,
es el representate de España en IFIP (International Federation of Information
Processing) y CEPIS (Consejo Europeo de Sociedades de Informática.
* Víctor Domingo, presidente, en nombre de “Asociación de Internautas”
(Internautas), Madrid, +2.000 miembros, ámbito estatal.
* Roberto Brenlla, presidente, en nombre de “Asociación de Usuarios GNIX”
(AGNIX), Santiago de Compostela, +60, ámbito regional (Galicia).
* Antonio Rueda, presidente, en nombre de “Asociación Malagueña de
usuarios de Linux de Málaga” (LiMa), Málaga, +130 miembros, ámbito provincial
(Málaga)
* Pablo Álvarez de Sotomayor, presidente, en nombre de “Asociación Linux
Córdoba” (LiCor), Córdoba, +30 miembros, ámbito provincial (Córdoba)
* Juan Carlos Moral Payá, presidente, en nombre de “Asociación de
Informáticos Penitenciarios”, Valencia, +70 miembros, ámbito nacional.
* Gonzalo Luis Aller Arias, en nombre de “Asociación de Empresas de
Software Libre de Canarias” (ESLIC), Santa Cruz de Tenerife, 12 empresas con
más de 40 trabajadores, ámbito regional (Canarias) y empresarial (informática)
* José Raúl Vaquero, presidente, en nombre de “Fundación Ciencias de la
Documentación”, Mérida, ámbito iberoamericano y profesional (documentalistas).
* René Mérou, vicepresidente, en nombre de “Asociación Iniciativa de
Gestión Libre Universal para Empresas y Sociedades” (Iglues), Palma de
Mallorca, 40 socios, ámbito nacional
* Antonio Rivera, presidente, en nombre de “Asociación Iniciativa Focus”,
(Iniciativa Focus), Málaga, +400 socios, ámbito regional (Andalucía)
* José María Lancho, presidente, “Asociación Legalventure” (Legalventure),
Madrid, ámbito estatal y profesional (abogacía).
* Alberto Barrionuevo, coordinador, en nombre de Proyecto
EstándaresAbiertos.org (proyecto jurídicamente dependiente de OPENTIA, S.L.,
Colmenar Viejo), 59 participantes, ámbito iberoamericano y profesional
(informática).